La Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Sofía Ruilz Olvera, en compañía del Magistrado Gilberto Bátiz García, fue testigo de honor en la Firma de Convenio “3 de 3 contra la violencia” entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Poder Judicial del Estado de Chiapas.

La finalidad de este convenio, el primero en el país, es garantizar el intercambio de información entre el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) y el Poder Judicial del Estado de Chiapas (PJE), respecto de las personas sancionadas por violencia familiar o doméstica delitos sexuales y deudores de pensión alimenticia, que pretendan ser candidatas en el Proceso Electoral Local 2021.

En su intervención el Magistrado Presidente del PJF, Juan Óscar Trinidad Palacios, dijo que los lineamientos de este convenio establecen los derechos de las víctimas y la obligación de los partidos políticos para iniciar de oficio el procedimiento respectivo cuando tengan conocimiento de actos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

La implementación de las propuestas “3 de 3 contra la violencia” consiste en que los aspirantes a una candidatura no se encuentren en ninguno de los siguientes supuestos: no contar con antecedentes de denuncia, investigación y/o procesamiento en su caso, no haber sido condenado o sancionado mientras resolución firme por violencia intrafamiliar o doméstica, no contar con antecedentes de denuncia por delitos sexuales o contra la libertad sexual, no estar inscrito o tener registro vigente como deudor alimentario, salvo que se acredite que está al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda en las instancia que corresponda, entre otros puntos como el la tentativa de feminicidio.

Por su parte el Presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, enfatizó que los avances en el marco regulatorio siempre serán insuficientes si no se tiene la voluntad de respetar y de ejercer los derechos de todas y todos, “la gran novedad para este proceso electoral será la obligación de los partidos políticos, no solamente de presentar listas de candidaturas, con base a estas nuevas disposiciones también tendrán la obligación de que las candidaturas que postulen no incorporen a personas que hayan sido sentenciados o responsables por violencia política de género.”

Así también fungieron como testigos de honor la Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, Sofía Ruiz Olvera; Victoria Cecilia Flores Pérez, titular de la Secretaría General del Gobierno de Chiapas; Sergio Olaf Gómez Hernández, titular de la Fiscalía General del Estado de Chiapas; y Diputada local, Janette Ovaando Reazola.