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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En un hecho sin precedentes para la democracia paritaria y a escasos días de que arranque el proceso electoral, el Congreso del Estado de Chiapas aprueba por unanimidad una la reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral que establece como causal de nulidad de una elección la comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género cuando sea grave y determinante.

Esta victoria es posible gracias al liderazgo de las diputadas Marcela Castillo Atristain y Elvira Catalina Aguiar Álvarez, autoras de la iniciativa; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Magali Anabel Arellano Córdova; la ex consejera del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez; la investigadora María Teresa Olvera Caballero. Una alianza entre el poder legislativo, la justicia electoral y la academia  que demuestra que los derechos de las mujeres no se negocian: se conquistan.

Con esta ley cambiará que exista nulidad de elecciones: si durante un proceso electoral se comete violencia política de género con carácter generalizado, la elección será anulada. Así como la presunción de determinancia pues se presumirá que la violencia fue determinante para el resultado cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar sea menor al 5%. Y el veto a agresores al partido político o la candidatura responsable no podrá participar en la elección extraordinaria que se convoque.

La violencia política contra las mujeres no es un "daño colateral" de la contienda, es un mecanismo de exclusión que reproduce la desigualdad estructural. Con esta reforma, Chiapas manda un mensaje claro: la violencia política de género no es tolerable, no es natural y no quedará impune.

La reforma, que armoniza la ley local con la Constitución Federal, establece que cualquier persona con sentencia firme por violencia política de género quedará suspendida en sus derechos político-electorales: no podrá ser candidata ni ocupar cargo público.

Hoy, Chiapas da un paso firme hacia una democracia donde las mujeres participen libres de violencia, en condiciones de igualdad y con la certeza de que el Estado las respalda. La lucha feminista transforma las leyes; las leyes transforman la realidad.